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30/MARZO/2017

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Desde sus inicios el Estado, como hoy lo conocemos, nace con un claro nivel de desigualdad entre hombres y mujeres, el pensamiento Ilustrado no consideraba la igualdad entre géneros, y así características como la razón, la igualdad, la individualidad y la autonomía se le atribuyeron únicamente a los hombres. Desde entonces el ámbito privado se reservó para las mujeres y el público para los hombres, desarrollándose de esta, forma una visión andocéntrica de las sociedades de esa época. Esta situación se visibilizó en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, de donde las mujeres fueron totalmente excluidas.

A raíz de estos sucesos se pueden apreciar los primeros movimientos por la reivindicación de los derechos de las mujeres, son los inicios del movimiento feminista que buscaba la transformación de las relaciones sociales y la igualdad de derechos, a través de la concientización de las mujeres de su situación de opresión.

Hacía finales del siglo XIX las mujeres comienzan a reclamar su derecho a la participación política, por lo que surge el movimiento sufragista en la búsqueda del derecho al voto. el contexto económico, político y social de fines del siglo XIX  y principios del XX permitió la conquista de derecho y la consolidación del voto de las mujeres en diferentes países: Nueva Zelanda en 1893; Finlandia en 1906; Holanda en 1917, y más recientemente Suiza en 1971.

Durante el siglo XX se dieron pasos agigantados en materia de género, desde el reconocimiento del derecho al voto de las mujeres hasta la instauración de diferentes mecanismos internacionales para la defensa de los derechos de las mujeres, así como la aplicación de acciones afirmativas en pro de la equidad.

En el caso de México, el tardío reconocimiento del derecho al voto de la mujer en 1953, no fue obstáculo para que durante la última década del siglo XX se desarrollara un dinamismo en la búsqueda por alcanzar derechos políticos. Ya no solo se trataba de querer emitir un sufragio, sino de poder acceder a puestos de elección popular.

Hacia finales del siglo XX y en los albores del año 2000 las diferentes reformas a la Ley Electoral abrieron el camino de las cuotas de género, mismas que se consolidaron como un mecanismo para alcanzar la paridad de género.

En el caso de México, el tardío reconocimiento del derecho al voto de la mujer en 1953, no fue obstáculo para que durante la última década del siglo XX se desarrollara un dinamismo en la búsqueda por alcanzar derechos políticos. Ya no solo se trataba de querer emitir un sufragio, sino de poder acceder a puestos de elección popular.

Por ejemplo la búsqueda de cuotas de género surgió como una medida en el ámbito nacional e internacional para encontrar un equilibrio en la participación de mujeres y hombres en los órganos de toma de decisiones.

En México, para 1996 se fijó en transitorios un límite de 70% de legisladores un mismo género. En ese sentido, el artículo 175-A de la Ley Electoral estableció que en ningún caso incluirían más del setenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género.

Asimismo se crea un sistema de "listas cremallera" para evitar que, cumpliendo con el porcentaje establecido en el artículo 175-A, los partidos terminaran relegando a las mujeres a los peores sitios de las listas electorales.

Las llamadas “Listas Cremallera” se integran por segmentos de tres candidaturas. En cada uno de los tres primeros segmentos de cada lista habrá una candidatura de género distinto. Lo anterior, sin perjuicio de los mayores avances que en esta materia señale la normatividad interna y los procedimientos de cada partido.

El sentido de este orden tiene por objeto que la reserva de esas candidaturas no implique que los lugares con posibilidades reales de elección queden predispuestos fundamentalmente para los hombres. (Liderazgos en Acción Consultoría).

El 14 de enero de 2008 se publica en el Diario Oficial de la Federación un nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que en su artículo 175.3 cambia el término de la “equidad entre hombres y mujeres” por “paridad de género” en la vida política, a fin de acercarse a una representación igualitaria plena.

En ese mismo sentido, el artículo 219, en sustitución de lo contenido en el anterior 175-A, señala que las solicitudes de registro de candidaturas para el poder legislativo que presenten los partidos políticos o las coaliciones, estas se integrarán con al menos el cuarenta por ciento de candidatos propietarios de un mismo género, procurando llegar a la paridad, excepto en los casos de las de mayoría relativa.

Por lo que se refiere a las candidaturas por el principio de representación proporcional, como ya se señaló, estas “listas cremallera” estaban conformadas por segmentos de tres candidaturas y en cada segmento había una candidatura de diferente género. A partir de la reforma de 2007-2008 en el artículo 220, que sustituye al 175-B, los segmentos se componen por cinco candidaturas, de las cuales dos serán de diferente género de forma alternada.

Ya para finales del siglo XX y en los albores del año 2000 las diferentes reformas a la Ley Electoral abrieron el camino de las cuotas de género, mismas que se consolidaron como un mecanismo para alcanzar la paridad de género.

Por ejemplo, Durante el proceso electoral federal 2011-2012, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación impuso a los partidos políticos y coaliciones el deber de nombrar como mínimo 120 y 26 fórmulas de candidatos propietarios y suplentes de un mismo sexo para diputadas/os y senadoras/es respectivamente. Por su parte, el IFE emitió un acuerdo para establecer los criterios a los que los partidos políticos debían de apegarse para cumplir con el mandato del tribunal.

Como resultado de estas medidas, el porcentaje de integración femenina en esa legislatura del Congreso federal alcanzó una cifra cercana al 35%, es decir 185 mujeres diputadas y 42 senadoras, es decir, 227 curules ocupadas por mujeres.

Sin duda, el avance más equitativo fue la reforma político-electoral promulgada en enero del 2014 que elevó a rango constitucional la garantía de la paridad (50-50) entre mujeres y hombres en las candidaturas a Congresos de los ámbitos federal y nacional.

Después de las elecciones del 2015, donde se aplicó por primera vez la Reforma, con 42 % de mujeres en la Cámara  de Diputadas y Diputados –15 puntos porcentuales más que en el 2010– México demostró se puede acelerar el ritmo hacia la igualdad sustantiva, ocupando hoy el séptimo lugar en el mundo de representación femenina en la Cámara Baja. ONU Mujeres reconoce este avance hacia una sociedad más justa, incluyente y democrática.

(http://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2016/03/mensaje-dia-de-la-mujer-2016#sthash.m4oJmT7y.dpuf)

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